El cierre de la frontera se extiende a los pasos marítimos y aéreos, por lo que todos los vuelos fueron cancelados
Fuerzas armadas de República Dominicana resguardaban el viernes la zona limítrofe, luego del cierre ordenado por el presidente dominicano, Luis Abinader. El gobierno de Santo Domingo viene denunciando desde principios de mes la construcción por parte de un privado haitiano de un canal destinado a desviar agua del río Masacre, que comparten ambos países, para venderla a agricultores. Pero las autoridades dominicanas sostienen que la obra viola acuerdos entre ambas naciones, que comparten la isla La Española.
Ramfis Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática (PED) aseguró que “Haití está violando ese acuerdo y pese a las expresiones del gobierno, irresponsable, del gobierno haitiano, diciendo que ellos no tienen nada que ver, que ese es un asunto privado, que es una mentira, una gran farsa, porque todos los gobiernos tienen la potestad para imponer el criterio de respeto a las leyes de su país y sobre todo, los pactos y los acuerdos internacionales”.
La policía dominicana anunció el viernes el arresto de un ciudadano haitiano por irrespeto al presidente Abinader a través de un video en TikTok. El cierre de la frontera se extiende a los pasos marítimos y aéreos, por lo que todos los vuelos fueron cancelados. Por su parte, el gobierno de Haití sostiene que defiende su “derecho soberano a explotar sus recursos naturales” e hizo un llamado al diálogo.
Cierre condicionado
La paralización definitiva del canal en construcción en territorio haitiano sobre el afluente del río Masacre o Dajabón es la condición establecida por el Gobierno dominicano para levantar las medidas tomadas el pasado viernes, y que incluyen el cierre total de la frontera entre República Dominicana y Haití.
Así lo afirmó anoche el presidente Luis Abinader, en un mensaje dirigido al país en torno al conflicto generado por la obra hídrica que auspicia un grupo de ciudadanos haitianos desde el año 2018.
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El jefe de Estado reiteró los argumentos de su gobierno para tomar estas medidas, que también disponen la suspensión de entrega de visados y prohibición de la entrada al país de los promotores del proyecto, al señalar que con esta obra se establece una “franca violación de los tratados fronterizos entre ambos países”, ante la que “no atendieron nuestros legítimos reclamos de parar de forma inmediata la construcción”.